El Gobierno de Javier Milei puso en marcha este viernes un mecanismo para agilizar alrededor de 500 trámites específicos. Se trata del llamado «silencio administrativo positivo», a partir del cual, si un ciudadano ya cumple con todos los requisitos formales de un trámite reglado, la falta de respuesta por parte del Estado transcurridos 60 días se considerará una aprobación automática.
Su implementación implica un cambio de relevancia para la administración pública y sus procesos, porque hasta hoy se basaban en el silencio negativo, en el cual la ausencia de respuesta significaba un rechazo.
De acuerdo al Gobierno, el proceso de implementación abarcará a más de 500 trámites, que se aplicarán sobre la administración pública nacional para «un cambio de cosmovisión» y de forma «gradual» sobre todas las áreas del Estado.
Fuentes oficiales en contacto con Noticias Argentina manifestaron que la idea no es generar «un shock que bloquee la administración pública», y aclararon que todo lo que «no es una autorización administrativa regalada» va a seguir bajo el régimen que rige actualmente.
Esta reglamentación había sido aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y modificó la norma que rige los procedimientos administrativos en el Estado, tanto en su faceta centralizada como descentralizada.
La normativa fue elaborada conjuntamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.
De acuerdo a la difundido este viernes por Presidencia, la medida «se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional» e incluirá «desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos«.
La norma entró en vigencia con el decreto 971/2024 y abarca únicamente a autorizaciones administrativas regladas, aunque establece excepciones en la aplicación del silencio positivo «en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público«, indicó el Ejecutivo a través del Boletín Oficial.
En la administración pública centralizada, la nueva reglamentación comienza a estar vigente a partir de este viernes, mientras que el 1 de diciembre se aplicará a la descentralizada.