Con el inicio del nuevo año, comenzó a regir en Argentina el nuevo régimen de transparencia fiscal, que obliga a las empresas y comerciantes a discriminar en la factura o ticket de venta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos, de acuerdo con la Resolución General 5614/2024, reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta medida busca mejorar la visibilidad del impacto de los impuestos en las operaciones comerciales, permitiendo a los consumidores conocer claramente cuánto pagan en concepto de impuestos.
Desde el miércoles 1 de enero de 2025, las grandes empresas deben empezar a detallar en sus facturas el monto correspondiente al IVA, así como los impuestos internos aplicables. Los demás contribuyentes tendrán un plazo hasta el 1 de abril para adaptarse a la nueva normativa. Supermercados y otras grandes cadenas ya han comenzado a aplicar la medida, incorporando en los comprobantes una línea donde se especifique el monto del IVA y otros tributos.
La medida afecta tanto a la facturación electrónica como a los controladores fiscales tradicionales. Aquellos contribuyentes que ya utilicen factura electrónica verán automáticamente reflejada la discriminación del IVA a partir de este miércoles, mientras que los que empleen equipos de facturación tradicionales deberán actualizar su firmware o incorporar la nueva información a través de su software de facturación.
El objetivo, según ARCA, es «reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal» y permitir que los consumidores tengan la información necesaria para tomar decisiones comerciales con plena libertad.
Para los consumidores, la nueva medida implica que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda «Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)», donde se detallarán los impuestos discriminados. Además, el Gobierno ha invitado a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a emitir las normas necesarias para que los consumidores puedan conocer también el impacto de impuestos locales, como los ingresos brutos y tributos municipales, sobre los precios de bienes y servicios.