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Legisladores piden conocer cuanto gasta el Gobierno Neuquino en pauta oficial

Pidieron que se dé a conocer el listado completo de sitios que reciben dicho beneficio, detallando los montos mensuales asignados a cada uno, los criterios utilizados para la distribución y asignación y los requisitos que deben cumplir los para acceder a la pauta oficial.

Los diputados del PJ, Darío Martínez y Darío Peralta, solicitaron al Poder Ejecutivo, la Legislatura de Neuquén, el Instituto de Juegos de Azar y el Banco Provincia de Neuquén (BPN) que informe los montos totales destinado a la pauta oficial en portales digitales de noticias por mes desde diciembre de 2023, cuando asumió la presente administración provincial.

Los diputados peronistas explicaron que el derecho a la información pública es uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas y la asignación de pauta oficial constituye un mecanismo a través del cual el Estado se comunica con la ciudadanía y, por lo tanto, debe regirse por criterios de transparencia, equidad y razonabilidad.

“La distribución de la pauta oficial debe realizarse bajo criterios objetivos que garanticen la pluralidad informativa y el acceso equitativo de los diferentes medios de comunicación. Además, es fundamental que los fondos públicos destinados a esta finalidad sean utilizados de manera eficiente y transparente”, dijo Darío Peralta.

“Queremos que todos los neuquinos conozcan todos los datos precisos sobre la distribución de la pauta oficial y si existen vínculos entre los propietarios de estos medios y funcionarios del gobierno provincial. Esto permite garantizar la independencia de la prensa y evitar posibles conflictos de interés”, agregó el diputado.

Por su parte, Darío Martínez señaló que la presentación de informes tiene como objetivo permitir que la Legislatura pueda evaluar si el reparto es equitativo, transparente y eficiente. “Además nos ayuda a ejercer nuestra función de control y fiscalización sobre los actos de gobierno, velando por el correcto uso de los recursos públicos y el respeto a los principios democráticos que deben regir la comunicación gubernamental. Hay que garantizar un uso democrático de recursos, que permita el libre funcionamiento de los medios de comunicación”, añadió.

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